La Dirección de Persecución del Ministerio Público interpuso oposiciones a traspasos de bienes que alegadamente estaban en movimientos de las empresas de Antonio Espaillat, propietario de la siniestrada discoteca Jet Set, donde murieron 232 personas.
Las disposiciones del Ministerio Público se tratan de “diligencias procesales” sobre las empresas Inversiones E y L SRL, Jet Set Club y otras propiedades de Espaillat como parte de la investigación sobre la tragedia del centro de diversión.
Estas medidas de la Procuraduría General de la República obedecen a informaciones de que el empresario estaría realizando acciones para transferir bienes a su nombre, lo que parece ser una estrategia para evitar resarcir a las cientos de víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.
De acuerdo con el Ministerio Público, esta es una medida para proteger los derechos de las víctimas, 232 muertos y más de 100 heridos, al desplomarse el techo de la discoteca Jet Set, durante unas fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien
