Santo Domingo - El exprocurador Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa, recusó este lunes a cinco de los fiscales anticorrupción que están investigando su proceso, entre ellos a los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, para que en su lugar sean designadas otras personas.
Mediante una instancia remitida a la procuradora general de la Republica, Miriam Germán Brito, el exfuncionario, quien cumple prisión preventiva en Najayo, alega que estos fiscales nunca debieron manejar el caso, ya que cuando era procurador trabajaron juntos de manera directa pues era su superior y además de que, agrega, no son objetivos.
Además de Reynoso y Camacho, directores de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), respectivamente, la recusación también fue presentada contra Mirna Ortiz, coordinada de Litigación de la Pepca y los fiscales Luisa Liranzo y Juan Medina.
En la instancia, elevada a través de sus abogados, Jean Alain pide que dichos miembros del Ministerio Público sean apartados “con efecto inmediato” de la investigación, y que en consecuencia sean designados otros procuradores generales y fiscales que no hayan tenido relación laboral consigo, o que se designen abogados especiales, para la continuación de las investigaciones “con miras a garantizar la transparencia, el ejercicio del debido proceso y derecho y justicia”.
Los abogados de imputado indicaron, en una nota de prensa, que “es de todos conocido la enemistad y resentimiento que poseen muchos de estos contra el exprocurador y está sola realidad debió ser suficiente motivo para que ellos se inhabilitaran en el caso”.
“Se lo solicitamos con humildad y decencia reiteradamente a varios de ellos desde el inicio y antes de actuar, pero la obsesión y deseo de venganza con tantas mentiras, sin pruebas y ocultando documentos fue mayor que la intención de cumplir la ley, aún tuvieran que cometer faltas graves y delitos. Les hemos dado más que el tiempo necesario para que lo hagan de forma voluntaria como correctamente lo hizo la procuradora Miriam Germán Brito, pero ante la inacción y ocultamiento de pruebas a descargo estamos obligados a reclamar lo que dice la ley”, expresó el abogado Gustavo Biaggi.
En la nota de prensa, la defensa dijo, que por ejemplo que Reynoso sostuvo una relación laboral directa, estrecha y fluida con Jean Alain cuando era fiscal del Distrito Nacional y luego como procuradora de Corte.
“También formó parte y es persona con interés directo en la investigación pues encabezó una gestión, de la cual tenemos evidencias, y en la que ella misma hizo uso de los mismos fondos que la Pepca alega se usaron de forma irregular, lo cual es extensivo a Wilson Camacho, Luisa Liranzo, Mirna Ortiz y Juan Medina, quienes, además de la relación laboral directa, que les prohíbe investigarlo, en el desempeño de sus funciones ejecutaron parte del erario que sostienen y alegan está siendo investigado”, sostuvo el abogado Carlos Balcácer.
En la nota de prensa, la defensa de Jean Alain precisó que la solicitud fue formulada de manera directa a Miriam Germán Brito aunque esté inhibida del caso, pues dijeron no está inhabilitada de su función como procuradora general o superior jerárquica, ni de sus funciones administrativas y disciplinarias.
Dicen que la procuradora debe acoger su pedimento en la misma forma que ella correctamente decidió inhibirse, reiterando que los fiscales o abogados que sean designados no deben haber externado animadversión trabajado ni desarrollado conflictos de manera directa con Jean Alain y los demás investigados para evitar que la Ley, de nuevo, sea violada.
Los abogados manifestaron que los fiscales recusados tuvieron una relación directa de trabajo con Jean Alain durante cuatro años. “Más grave aún, y esta es otra prohibición adicional de la ley, estos investigadores son partes interesadas del proceso quedando también adicional y automáticamente inhabilitados, siendo además usuarios y, en otros casos, hasta testigos del presente proceso de investigación que ellos mismos siguen”, expresaron.
Indicaron que sometieron la recusación por violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 la que, “de forma específica y sin espacio” establecer en su artículo 80, “que ningún miembro de Ministerio Público podrá dirigir investigaciones ni ejercer la acción pública si los involucrados en el caso tienen relación laboral con el miembro del Ministerio Público; si es parte o interés en la investigación o proceso en el que participa o si tiene enemistad capital con algunos de los interesados al momento del hecho”.
Explicaron que esta disposición es aplicable también a cualquier auxiliar del Ministerio Público que colabore en la investigación del delito y en el ejercicio de la acción penal.
La defensa de Jean Alain manifestó que de todos los casos de investigación penal, esta situación solo se presenta con el su cliente y demás investigados del caso Medusa por tratarse de la misma institución la que persigue supuestos hechos en donde trabajaron juntos, investigador e investigado, por la relación laboral que sostuvieron.
De igual manera, dijeron que la Ley y el Código Procesal Penal prohíbe desde este momento a los miembros del Ministerio Público recusados e inhabilitados participar en la investigación de manera directa o indirecta en cualquier forma, en los interrogatorios, y en las audiencias, hasta tanto la Procuradora General decida sobre la recusación e inhabilitación.
“Las lamentables acciones cometidas por los citados funcionarios son sancionadas administrativa y penalmente. La misma Ley 133-11 establece en sus artículos 91-1 y 92-14 que incumplir con las incompatibilidades legales da lugar a la destitución conforme lo contempla el artículo 86 de la citada ley, sin desmérito de los tipos penales aplicables. Ocultar pruebas y negar la entrega de más de 100 documentos es un acto arbitrario, ilegal y abusivo, que solo se ve en una despiadada venganza sin límites”, manifestaron.
“Pese a que todos los textos normativos en comento evidencian quienes son los que realmente están cometiendo faltas graves y delitos, mantienen privado de libertad a nuestro cliente por construcciones sin ser ingeniero. La misma actual Procuradora pagó más de 220 millones de pesos no contemplados a esos mismos contratistas para correctamente poner en operación esas cárceles y acusan al ex Procurador por actos que realizaron de forma idéntica ambos procuradores actuantes”, agregaron los abogados.