Alberto Atallah, del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Aura Celeste Fernández, de Alianza País; Vinicio Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y Carlos de Peña, de la Alianza por la Democracia (APD), argumentaron en un documento que lo mejor es convocar a nuevas elecciones, “debido a las graves e insalvables irregularidades y hechos fraudulentos que invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta Electoral del Distrito Nacional relativos a las actas C y C1”.
Manifestaron su “firme e irrenunciable decisión de agotar todas y cada una de las instancias legales correspondientes para establecer el carácter irregular y fraudulento del proceso electoral llevado a cabo en el Distrito Nacional en el nivel congresional y que puedan ser conocidas ante el país y el mundo las graves violaciones, tanto a la Ley Electoral como a los principios elementales del debido proceso y el derecho de defensa, garantizados por la Constitución de la República Dominicana”.
A continuación, el documento íntegro:
“Los suscritos, DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ, LIC. ALBERTO ATALLAH, DR. CARLOS DE PEÑA y LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN, quienes participaron el pasado 15 de mayo como Candidata y Candidatos a la Senaduría del Distrito Nacional por los partidos Alianza País, Partido Revolucionario Moderno, Alianza por la Democracia y Fuerza Nacional Progresista, informan a la opinión pública que en el día de ayer procedieron a solicitar por ante la Junta Electoral del Distrito Nacional (JEDN) la nulidad de las elecciones celebradas en el nivel congresual en el Distrito Nacional y, en consecuencia, la celebración de nuevas elecciones, debido a las graves e insalvables irregularidades y hechos fraudulentos que invalidan los cómputos ofrecidos por la Junta Electoral del Distrito Nacional, relativos a las Actas C y C1.
Manifestamos nuestra firme e irrenunciable decisión de agotar todas y cada una de las instancias legales correspondientes para establecer el carácter irregular y fraudulento del proceso electoral llevado a cabo en el Distrito Nacional en el nivel congresional y que puedan ser conocidas ante el país y el mundo las graves violaciones, tanto a la Ley Electoral como a los principios elementales del debido proceso y el derecho de defensa, garantizados por la Constitución de la República Dominicana.
Nadie puede entender que nuestra acción conjunta se trata de simples alegatos o “pataleos” post electorales. De lo que se trata es del respeto a la ley y a las reglas esenciales establecidas por ésta en el proceso de escrutinio electoral. La Junta Electoral del Distrito Nacional, después de una semana de dar resultados al público con entera normalidad, anunció al país y a los partidos que sustentaban nuestras candidaturas senatoriales, que un tercio (674 colegios) de toda la votación del 15 de mayo nunca fue contabilizada como dice la ley por los colegios electorales en el nivel del voto preferencial (Acta C1), imprescindible para ofrecer el cómputo senatorial y otorgar los escaños que representarán el Distrito Nacional en la Cámara de Diputados.
La Junta Electoral del Distrito Nacional, violentando todas las más elementales reglas electorales previstas por la ley, asumió una semana después del 15 de mayo, mediante resolución del domingo 22 de mayo de 2016, el rol de los colegios electorales al contar por primera vez los votos preferenciales (el 32.88% de todos los colegios), en un procedimiento totalmente fraudulento en el que las valijas llegaron violadas y abiertas y de las que se extraían con total impunidad boletas C totalmente nuevas, sin doblar, marcadas a favor de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La arbitrariedad fraudulenta de la Junta Electoral del Distrito Nacional llegó al grado de no permitir a ninguno de nuestros representantes convocados para observar el escrutinio primario de 674 colegios electorales hacer ningún reparo o impugnación, lo que violentó de manera descarada el debido proceso de ley y el derecho de defensa protegido por la Constitución. Si no se contabilizaron los votos en los colegios electorales y se hizo directamente en la Junta Electoral del Distrito Nacional, independientemente de que ésta no podía hacerlo conforme a la ley, de proceder a ello, estaba obligada a conceder el derecho a nuestros delegados de impugnar y hacer los reparos que entendieran de lugar.
Lo que defendemos hoy es la democracia de la República Dominicana; el respeto a la ley y a su Constitución. Convalidar con nuestro silencio e inacción la cadena de fraudes y graves irregularidades cometidos en el proceso recién transcurrido, nos haría cómplices de una ignominia histórica que ha conllevado un grave retroceso en las conquistas democráticas y electorales que había logrado el pueblo dominicano. Santo Domingo, Distrito Nacional. 31 de Mayo de 2016. (Firmados) DRA. AURA CELESTE FERNANDEZ , LIC. ALBERTO ATALLAH, DR. CARLOS DE PEÑA y LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN.”
Santo Domingo, D.N.
31 de mayo 2016″.
jt/am