Olga Diná Llaverías, titular de la Fiscalía, anunció que mañana se les solicitará medida de coerción a los imputados, mientras continúan la identificación de los otros hombres que participaron en el hecho.
El martes, 50 niños y profesores del Colegio Evangélico Episcopal, de Andrés, Boca Chica, vivieron momentos de angustia y desesperación cuando el autobús en el que se dirigían a la Plaza de la Cultura fue impedido de salir por choferes de los sindicados Sichoproboch y Asochombca.
La guagua fue interceptada por varios sindicalistas, quienes obligaron a los estudiantes y educadores a desmontarse del vehículo en el kilómetro 25 de la autopista de Las Américas.
Según explicó Ovni Pérez, secretaria del centro educativo, los choferes bloquearon el tránsito apostando varios autobuses en plena autopista y amenazaron con romper los cristales y pegarle fuego a la guagua donde iban los niños si no bajaban, lo que provocó la suspensión del paseo.
Después del incidente las autoridades del Colegio tuvieron que llevar a un centro de salud a algunos de los niños, debido al estado nervioso en el que se encontraban.
A pesar de que varios oficiales de la Amet y de la Policía Nacional se presentaron al lugar, los choferes no hicieron caso al reclamo de las autoridades para que retiraran las guaguas que obstaculizaban la salida del autobús.
Tras condenar la amenaza, Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, dijo que "simplemente no es posible que ningún sector emprenda acciones que podrían rayar en terrorismo, mucho menos si esto afecta niños inocentes".
Sobre este mismo acontecimiento, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, expresó que no hay razón válida que justifique someter a niños y niñas al terror.
Pidió al jefe de la Policía Nacional y al Ministerio Público tomar medidas para solicitar una sanción ejemplar a este hecho "detestable".
De igual forma, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, solicitó a las autoridades aplicar todo el peso de la ley para condenar a los choferes.
“Esta es una acción que no se debe dejar pasar por alto, pues bajo ningún argumento se justifica que grupos con intereses pecuniarios definidos pongan en peligro la vida de estudiantes y profesores, en defensa de un supuesto derecho que alegan les pertenece”, proclamó Baret.
En ese mismo escenario, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se sumó a las voces que rechazan el acto calificado de "vandálico" contra los niños del Colegio Episcopal Evantélico.
Al referirse a la "mafia del transporte" en su cuenta de Twitter, Yeni Berenice sentenció que " Lo peor (...) es que está patrocinada, indirectamente, por el Estado con el millonario subsidio del combustible”.
Añadió que "la mafia del trasporte no opera muy diferente a la de las drogas".
"Transparentar el millonario subsidio ayudaría bastante a erradicar este desorden", sostuvo la fiscal.