El DNI explicó que luego de un allanamiento efectuado por miembros de División de Antiterrorismo conjuntamente con el procurador adjunto José Miguel Cabrera, en la vivienda donde reside el menor, ubicada en el Sector Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, se encontró un documento en donde se especificaban los números telefónicos de varias instituciones estatales que ofrecen servicios de seguridad y emergencia.
La primera llamada la hizo el menor a las 3:26 horas de la tarde el pasado 27 de mayo, identificándosele a la operadora como Pablo Escobar Señor de Los Cielos, haciendo alusión simultáneamente a los extintos narcotraficantes colombiano y mexicano, Pablo Escobar y Aurelio Casilla, respectivamente. La segunda la realiza a las 8:20 de la noche, confirmando el arribo del vuelo a las 10:00. Posteriormente realiza una tercera llamada a las 9:14 de la noche, donde desmiente la amenaza.
Las autoridades del DNI destacaron en un comunicado que de acuerdo al gerente de Estación de Delta Airlines y presidente del Comité de Líneas Aéreas del AILA, Dorián Martínez, la falsa alarma provocó pérdidas que se estiman entre seiscientos mil a un millón de dólares.
Agregaron que además de las tres llamadas, ese mismo día el menor, cuyo nombre se omite por razones legales, realizó alrededor de 60 llamadas a diferentes instituciones públicas y privadas que ofrecen servicios de seguridad y emergencia, entre estas Palacio de la Policía, Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Meteorología, Hospital de la Policía Nacional, entre otras, acciones que sin lugar a dudas constituyen un atentado contra el buen funcionamiento del nuevo Sistema de Emergencias 9-1-1.
En tal sentido el mayor General Máximo William Muñoz Delgado, director del DNI, exhortó a la ciudadanía a actuar con mayor responsabilidad, dado los efectos negativos que esto implica para la seguridad nacional.
Finalmente, puntualizó que la abuela del menor María Altagracia Espinosa Féliz y su hermana Ana Luisa Espinosa Espino, detenidas para fines de investigación, fueron puestas en libertad por el Ministerio Público, para cumplir el debido proceso, sin descartarse medidas o sanciones contra los tutores del menor.
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