En lugar de ser asumido como instrumento para procurar la sanción de los responsables del déficit de más de doscientos mil millones dejado por el último Gobierno de Leonel Fernández, el informe rendido al respecto por la comisión técnica nombrada por el Consejo Económico y Social (CES) será convertido por decisión expresa de monseñor Agripino Núñez Collado en un simple documento interno que solo servirá para labores de “monitoreo y seguimiento” de los objetivos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Así lo confirma la comunicación de fecha 4 de enero de este 2013, enviada por Núñez Collado, presidente del CES, al coordinador de dicha comisión, Francisco Álvarez Valdez. En la carta se comunica que el informe tendrá valor de “documento interno del Consejo Económico y Social, que sirve y servirá de insumo válido para las labores del monitoreo y seguimiento de los objetivos y las líneas de acción establecidos por la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030”.
Este informe Déficit fiscal en el año 2012: monto, causas y evaluación con respecto al ordenamiento jurídico fue entregado a Núñez Collado el 22 de noviembre de 2012, tal como consta en la comunicación enviada por Álvarez Valdez. De conformidad con el decreto 113-05 que crea el Consejo Económico y Social, las conclusiones sobre cualquier tema de interés nacional a las que se arribe deben ser dadas a conocer al pleno.
La inexplicada decisión de Núñez Collado de guardar el documento y no someterlo al pleno, en aparente evitación intencionada de que se airarán públicamente las responsabilidades penales del expresidente Leonel Fernández, fue lo que impulsó a Participación Ciudadana a presentar una querella en los tribunales contra los responsables del déficit fiscal.
“Queremos identificar los responsables del déficit fiscal porque son los responsables de la crisis económica que estamos padeciendo”, dijo recientemente Rosalía Sosa Pérez, directora ejecutiva de la organización cívica, en el programa Líderes que produce Orlando Jorge Mera.
¿Cuidando las espaldas de Fernández?
El 10 de octubre de 2012, en medio del asombro social provocado por las revelaciones del gobierno del presidente Danilo Medina sobre las dimensiones del déficit fiscal que le heredara su antecesor –casi cuatro veces mayor que el provocado por la quiebra bancaria de 2003— el CES decidió, a unanimidad, crear una comisión técnica para identificar las causas que originaron el déficit y estudiarlas desde el punto de vista jurídico. La propuesta fue hecha por Participación Ciudadana.
En esa reunión se decidió que cada sector designara dos representantes en un plazo no mayor de dos días. Esto sucedió un miércoles, y se esperaba que la comisión estuviera integrada por todos sus miembros a más tardar el viernes 12, lo que fue cumplido por los sectores social y laboral.
No es sino un mes más tarde, el 13 de noviembre, cuando Rafael Paz, director ejecutivo del CONEP, comunica la designación de Bibiana Rivero, abogada, y Pilar Haché, economista, como representantes de los empresarios en la comisión técnica. La carta de Paz tiene, sin embargo, un detalle que llama la atención: al referirse a los trabajos que la comisión tiene encomendados, habla de la “realización del análisis de la estructura legal y del sistema de gestión de las finanzas públicas con miras a proponer correctivos a los fines de evitar posteriores desequilibrios en las finanzas públicas”. Tres meses después, Núñez Collado esgrimirá estos mismos argumentos para no presentar al pleno el informe resultante.
Pero Rivero y Haché no participarán de los trabajos. El 19 de noviembre, comunican la imposibilidad de integrarse a la comisión argumentando razones de tiempo, según supo 7dias.com.do.
Pese a la ausencia de representación empresarial, el informe elaborado es remitido a Núñez Collado, en su condición de presidente del CES. Para sorpresa de los comisionados, la agenda de la reunión celebrada el 27 de noviembre no incluye la discusión del informe. En esta reunión, Julio Llibre, del sector empresarial, pregunta por los trabajos de la comisión y Núñez Collado cede la palabra a Álvarez Valdez, quien explica las razones por las cuales el CONEP no participó en los trabajos.
Rafael Paz, director ejecutivo del CONEP, no guarda silencio. Para explicar la retracción de Rivero y Haché argumenta que el coordinador de la comisión no dio un plazo razonable para la realización de los trabajos, lo que obligó a la renuncia de las designadas. Pero no se detiene ahí. Opina que la designación de la comisión técnica había sido un error porque distanciaba al gobierno del CES. Para Paz, añade la fuente, no había necesidad de acelerar los resultados del análisis, argumento en el que parece subyacer la verdadera razón de por qué el CONEP retrasó por un mes el nombramiento de sus representantes: su desacuerdo con la creación de la comisión.
En esa reunión, la última realizada por el pleno del CES, algunos de sus miembros solicitaron copia del informe. La respuesta fue que antes de entregarlas la Comisión Ejecutiva lo estudiaría para, de ser necesario, pedir explicaciones adicionales a sus redactores, lo que no ha ocurrido hasta hoy.
Aspectos relevantes del informe
Según el análisis presentado por los miembros de la comisión, durante los años 2006 y 2007 los gastos gubernamentales crecieron a un ritmo similar al crecimiento de los ingresos, con un déficit de apenas 0.1% del producto interno bruto (PIB) en 2006 e incluso un superávit de 0.3% del PIB en 2007.
No ocurre lo mismo –destacan- durante el año 2008, cuando con un crecimiento del 5.1 %o en los ingresos, el gasto se incrementó en 29.8 % iniciándose así una carrera de déficits anuales continuos de alrededor del 3 % ciento del PIB en las cuentas fiscales, lo que creó una situación sin precedentes en ese año.
“En suma, se puede observar que, durante el período 2006-2012, se verificó un crecimiento promedio anual de 11.5% en los ingresos, pero durante ese mismo período los gastos crecen a un promedio anual de 25.0%. Es decir, que el incremento promedio anual de los gastos, duplicó el crecimiento experimentado anualmente en los ingresos gubernamentales. Y es esa la primera explicación del tamaño de la brecha fiscal en que ha incurrido el gobierno”, afirman.
En 2012 el déficit se dispara a 187,000 millones, un 8 % del PIB, aunque el Fondo Monetario Internacional lo sitúa en 8.5 %.
Las causas del extraordinario déficit público del 2012 -cinco en total-, según la comisión técnica, han sido reconocidas e identificadas por aquellos que tomaron la decisión de generarlo y que incluye al expresidente Leonel Fernández y al jefe de su equipo económico, Temístocles Montás, quien continúa al frente de la cartera.
Los comisionados citan como causas del déficit la disminución de los ingresos tributarios presupuestados, el aumento del subsidio al sector eléctrico, el alza internacional del petróleo que no fue transferida a los precios internos de los combustibles, transferencias hechas al Banco Central para pagar los intereses del déficit cuasi fiscal, y finalmente, el incremento del gasto de capital para terminar obras.
Artículos violados por Leonel Fernández y su gabinete
En lo que respecta a la Constitución, el informe destaca que fueron violados artículos tales como el 236, que establece que “ninguna erogación de fondos públicos será válida si no estuviera autorizada por la ley”. Destacan al respecto que para la construcción de numerosas obras públicas se erogaron fondos sin que estuviesen aprobados por la ley en ese momento.
Asimismo, se contravino el artículo 247 que obliga al Contralor General de la República a autorizar las órdenes de pago solo cuando se hayan cumplido los trámites legales y administrativos. “Existen numerosos casos de obras no contempladas en el presupuesto contra las cuales se libraron órdenes de pago aún antes de que fuera aprobada la Ley de Presupuesto Complementario”, dice el informe.
En lo que respecta al artículo 146 que proscribe la corrupción, incluyendo las actuaciones de los funcionarios públicos de proporcionar ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados, el informe indica que, ”hubo un manejo ilegal del gasto público con la intención de favorecer a sus compañeros de partido en las elecciones pasadas”.
Asimismo, se violó el artículo 238 que establece los criterios para la asignación del gasto público con la decisión de finalizar obras que no estaban planificadas, pues no se contaba con los recursos antes de que se aprobara la Ley de Presupuesto Complementario.
De la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, se infringió el artículo 11 que contiene los principios que rigen el presupuesto, admitido tanto por el expresidente Leonel Fernández, como por su ministro de Economía, cuando dijeron que el presupuesto del 2012 no incluyó las partidas completas que conllevaba mantener el subsidio eléctrico y que se hizo de esta manera para evitar dificultades con el FMI.
“El principio de transparencia también ha sido violado como ha corroborado el FMI en su comunicado del 18 de noviembre, cuando exhortó a las autoridades a mejorar la transparencia de las operaciones del sector público, y en particular, comunicar sus planes de políticas presupuestarias y publicar regularmente, los informes sobre su ejecución. Es oportuno señalar que esos informes son ordenados por la ley”, dicen los miembros de la Comisión Técnica”, añade.
El informe aclara que el artículo 44 de la Ley Orgánica de Presupuesto establece que no se puede gastar lo que no ha ingresado, y es la disposición clave sin cuyo respeto es imposible evitar los déficits no contemplados en el presupuesto, y “por lo menos hasta agosto se estuvo gastando más dinero del que ingresaba”. Asimismo, el artículo 8, literal m), que obliga al director general de Presupuesto a elaborar y publicar informes periódicos y anuales de la ejecución física y financiera del presupuesto, “no existen o no fueron publicados, impidiendo que el país se percatara oportunamente del incremento del gasto público fuera del presupuesto”.
Destacan la transgresión al artículo 47 por parte de varias dependencias –y de manera muy particular por el Ministerio de Obras Públicas y la OISOE al comprometer el gasto público al margen de la cuota periódica que les correspondía- que dispone que “ninguno de los organismos incluidos en el régimen de programación periódica de la ejecución del presupuesto podrá comprometer gastos, si previamente no ha recibido la respectiva cuota periódica. La aprobación de las cuotas periódicas será la única autorización que se le otorga a los organismos para comprometer gastos”.
De igual modo, se violó el artículo 48 que dispone: “El Poder Ejecutivo no podrá realizar modificaciones al total de gastos aprobados por el Congreso de la República en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, ni trasladar sumas de un Capítulo a otro o de una partida a otra”. Para ello, afirman, habría que introducir modificaciones en la Ley de Gastos Públicos vía el Congreso, por lo que el Poder Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que deberá ser previamente conocido por el Consejo Nacional de Desarrollo”.